A finales de noviembre del año 2009, el Consejo de Ministros aprobó el texto del Anteproyecto de la futura Ley de Economía Sostenible. Entre otras muchas cuestiones, este texto incluía, en su Disposición Final Primera, una serie de reformas legislativas que tenían como objetivo abonar el terreno para perseguir las páginas web que facilitan contenidos – y enlaces a estos contenidos – que vulneran los derechos de propiedad intelectual. Concretamente, se creaba una Comisión de Propiedad Intelectual, en sustitución de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual, a la que se le atribuían competencias de salvaguarda de los derechos de autor frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información.

Esta primera redacción provocó una agria polémica entre internautas y Ministerio de Cultura, así como una auténtica marea mediática que finalizó con la retirada del texto. La base de la controversia residía, entre otros, en la aparente ausencia de garantías judiciales que tutelasen los derechos fundamentales en el curso de la acción administrativa que desarrollaría la Comisión.

A principios del año 2010 una nueva Disposición Final Primera vio la luz, en esta ocasión con importantes novedades ya que, manteniéndose la función de defensa de los derechos de propiedad intelectual por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual, se incluía un mecanismo procesal de tutela judicial de derechos fundamentales en la acción de la Comisión. La polémica volvió a surgir pero, en esta ocasión, el debate ha resultado ser menos visceral y las críticas han adquirido un tinte más legalista, cuestionando en algunos casos la idoneidad jurídica de la solución propuesta por la Ley de Economía Sostenible y, en otros, proponiendo mejoras que perfeccionen el procedimiento dispuesto por esta Disposición Final (Informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal).

Desde la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO – DENAE quisimos abrir un debate sobre esta cuestión e invitar a todos nuestros socios al FORO que se celebró el pasado 3 de marzo de 2010, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (calle Serrano 9, Madrid) y que versó sobre las medidas legislativas que deben adoptarse para combatir la piratería online, y sobre la conveniencia de la solución legal propuesta por el Gobierno.

Este acto estuvo moderado por Carolina Pina, Socia del área de Propiedad Intelectual de Garrigues, y contó con la participación de los siguientes expertos:

  • Jose Carlos Erdozain. Abogado. Profesor de la Universidad San Pablo CEU.
  • Jorge Ledesma. Abogado del área de Propiedad Intelectual de Roca Junyent.
  • David Maeztu. Abogado y miembro de Derecho en Red.

La sesión comenzó con una exposición por parte de los ponentes, abriéndose a continuación el debate a todos los asistentes.

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